Uso de información privilegiada
¿Qué es el uso de información privilegiada?
El uso de información privilegiada consiste en comprar, vender o intentar negociar instrumentos financieros sobre la base de información privilegiada que no es pública, que es precisa y que, de hacerse pública, probablemente tendría un efecto significativo en el precio de dichos instrumentos. En la práctica jurídica, este concepto suele vincularse a los mercados de capitales, incluidas acciones, bonos, derivados y otros instrumentos admitidos a negociación en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación, sistemas organizados de contratación u otros centros de negociación relacionados.
No toda operación realizada por una persona vinculada a una sociedad es ilícita. Los consejeros, directivos, accionistas significativos y otras personas con acceso a información interna pueden negociar legalmente valores si cumplen las obligaciones de comunicación, los procedimientos internos, los periodos cerrados y las normas sobre abuso de mercado. El problema jurídico surge cuando una persona utiliza información privilegiada antes de que sea pública, la comunica ilícitamente o recomienda a otra persona operar sobre esa base.
El uso de información privilegiada se considera una infracción grave de la integridad del mercado, ya que socava la igualdad de acceso a la información y perjudica la confianza en la equidad de los mercados financieros. Según la jurisdicción y las circunstancias, puede dar lugar a consecuencias administrativas, regulatorias, civiles y penales. En la Unión Europea, el marco normativo principal se basa en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre abuso de mercado (MAR), complementado por la legislación nacional y la práctica de supervisión y aplicación.
¿Cómo funciona el uso de información privilegiada en la práctica?
En la práctica, el uso de información privilegiada suele implicar a una persona que obtiene acceso a información privilegiada por razón de su cargo, actividad profesional o relación con un emisor o una operación. Puede tratarse de resultados financieros no publicados, fusiones o adquisiciones previstas, contratos importantes, procesos de reestructuración, decisiones regulatorias, cambios en la dirección, dificultades de financiación u otros acontecimientos susceptibles de influir en el precio de mercado.
El riesgo no se limita a los miembros del consejo de administración o a los altos directivos. Abogados, auditores, consultores, banqueros, asesores, empleados, contratistas e incluso familiares pueden llegar a estar en posesión de información protegida. También puede surgir responsabilidad cuando la información se transmite a otra persona -lo que suele describirse como comunicación ilícita o revelación indebida de información privilegiada- y esa persona la utiliza para operar o para difundirla posteriormente.
Los supervisores y fiscales suelen analizar varios elementos: si la información no era pública, si era suficientemente precisa, si tenía capacidad para influir en el precio, cómo la obtuvo la persona y si una operación o recomendación estaba vinculada a dicha información. En muchos casos, la cuestión clave es la prueba. Las autoridades pueden examinar el momento de las operaciones, los registros de comunicaciones, los registros de acceso, los documentos internos, los patrones de negociación y los vínculos entre los participantes.
Los asuntos relacionados con el uso de información privilegiada a menudo se solapan con cuestiones más amplias de abuso de mercado, incluida la comunicación ilícita de información privilegiada y la manipulación de mercado. Para las sociedades cotizadas y las entidades financieras, estos riesgos están estrechamente relacionados con los sistemas de cumplimiento normativo, las barreras de información, las listas de iniciados, los procedimientos de retraso en la difusión de información, la formación de empleados y los mecanismos internos de comunicación.
¿Cuándo conviene solicitar asistencia legal?
La asistencia legal suele ser necesaria en una fase temprana, no solo cuando ya se han formulado acusaciones formales. Las personas físicas pueden necesitar asesoramiento cuando no tienen claro si determinada información constituye información privilegiada, si una operación prevista está permitida o si deben abstenerse de negociar. Una revisión legal temprana puede ser especialmente importante para miembros de órganos de administración y supervisión, equipos de relaciones con inversores, responsables de cumplimiento normativo, abogados internos, asesores y personas implicadas en operaciones confidenciales.
Las empresas pueden requerir apoyo para diseñar o actualizar procedimientos internos sobre abuso de mercado, gestionar listas de iniciados, evaluar obligaciones de comunicación, llevar a cabo investigaciones internas o responder a requerimientos de un supervisor financiero, una bolsa de valores o la fiscalía. El asesoramiento jurídico también puede ser relevante en asuntos transfronterizos cuando la conducta afecta a más de una jurisdicción o implica operaciones realizadas a través de varias entidades o cuentas.
Las personas particulares pueden necesitar un abogado si reciben un requerimiento de información, una citación para declarar, una notificación de procedimiento regulatorio o alegaciones de que una operación estuvo vinculada a información no pública. En estas situaciones, las consecuencias legales y probatorias pueden agravarse rápidamente. Una evaluación inmediata de documentos, comunicaciones e historial de operaciones puede ser esencial para proteger derechos y construir una estrategia de defensa adecuada.
Una consulta rápida con un abogado puede ayudar a evitar errores en la comunicación con las autoridades, preservar pruebas relevantes, reducir riesgos procesales y limitar la exposición a sanciones regulatorias, responsabilidad penal, daños reputacionales o pérdidas financieras. También puede ayudar a determinar si el asunto se refiere a un uso real de información privilegiada, a un fallo de cumplimiento normativo, a una operación lícita o a un malentendido basado en datos de mercado incompletos.
El apoyo de un despacho de abogados en asuntos relacionados con el uso de información privilegiada puede incluir, en particular:
- evaluación de si determinada información puede calificarse como información privilegiada;
- asesoramiento sobre restricciones de negociación, obligaciones de comunicación y deberes internos de reporte;
- preparación y revisión de políticas de cumplimiento normativo, listas de iniciados y procedimientos de barreras de información;
- apoyo legal durante investigaciones internas y respuesta ante incidentes;
- representación en procedimientos ante supervisores financieros, fiscalías y tribunales;
- defensa en procedimientos penales, administrativos y disciplinarios relacionados con acusaciones de abuso de mercado;
- asesoramiento a emisores, miembros del consejo, empleados y asesores externos implicados en operaciones confidenciales;
- análisis de riesgos en fusiones, adquisiciones, financiación y otros eventos corporativos sensibles al precio.
Si necesita asistencia legal en un asunto de uso de información privilegiada, póngase en contacto con nosotros.
Véase también
- Falsificación
- Escrito de acusación
- Falso testimonio
- Multa